domingo, 10 de agosto de 2014

Et voila...ébola, por Ricard Meneu

La sanidad del espectáculo

La escasez veraniega de espectáculos ha dado centralidad al aparatoso y cuestionable despliegue de medios para repatriar a un presunto infectado por ébola. Otros comentarán la desarbolada capacidad de España para hacer frente a crisis de salud pública dada la antigua renuncia estatal a cualquier liderazgo que no sea militar, por supuesto. O el poco edificante espectáculo de docenas de pacientes evacuados de un hospital, proyectando la imagen de no disponerse de ninguno capaz de recibir un solo paciente de elevada infectividad.
Pero algunos aspectos pueden contribuir a reflexionar sobre qué sistema sanitario tenemos y queremos. El primero es nuestra inconsciente aplicación de la “regla del rescate”, lo que nos lleva a reclamar recursos sin tasa para rescatar conciudadanos envueltos en una peripecia relativamente inusual: un alpinista imprudentemente perdido, un misionero contagiado en un hospital donde arrecian las infecciones. Además de la necesaria magnificación por los medios de comunicación, el desencadenante de nuestra poco meditada solidaridad requiere que se individualice a la víctima, pasando de ser un caso más o menos estadístico a una persona identificable. 
Estos loables impulsos tranquilizan nuestras conciencias lo bastante como para desentendernos de dramas de similar o superior entidad y número, que no gozan de tamaño foco de atención. Entre ellos, la elevada mortalidad infecciosa cotidianamente ocasionada en el conjunto de nuestros hospitales por no incrementar los recursos y esfuerzos necesarios para minimizarla. O los riesgos reales de ciudadanos excluidos de las prestaciones públicas.

Al hilo de esto último conviene recordar que con las medidas adoptadas para “garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud” (RDL 16/2012) dejaron de ser “titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los extranjeros en el territorio nacional”, para circunscribir la garantía a la asistencia sanitaria en España con cargo a fondos públicos a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Sin entrar a especular si un misionero emigrado los últimos años está de alta y cotizando en la Seguridad Social, antes de calificar de “ratas” —como hacía un bilioso comunicador aún más herrado que errado— a quienes plantean si estos gastos habrá que resarcirlos, deberíamos pensar si nos gusta que esta pejiguera administrativa se interponga entre nuestra munificente solidaridad y el derecho efectivo a recibirla. Sea ante una infección por ébola, por Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae. Y cuáles son nuestras prioridades al respecto.

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/08/actualidad/1407513143_045955.html

jueves, 17 de julio de 2014

El NICE, la FIFA y la operación bikini, por Anna García-Altés (@annagaal)

En este blog hemos tratado previamente aspectos relacionados con el NICE  y con la prevención de la obesidad: desde políticas de salud  al ejercicio físico, pasando por estrategias de paternalismo libertario, temas que también son recurrentes en la revista GCS – Gestión Clínica y Sanitaria.

En esta ocasión volvemos sobre ello ya que, coincidiendo con las fechas pre-vacacionales,  cuando ya no es posible esconder los michelines debajo del abrigo y parte de la población pone en marcha la “operación bikini”, el NICE acaba de publicar una guía para el manejo de la obesidad en personas adultas (http://guidance.nice.org.uk/PH53). 

A los pocos días de hacerse pública la guía, empezaron a recibirse críticas, pues parece que son muchas las aristas que no se han pulido. La primera es la del sentido común, ya que se recomiendan estrategias de cambio de estilos de vida (dietas, cambios alimentarios, ejercicio físico, etc.) por ser más coste-efectivas. El problema aquí es la conocida escasa efectividad a largo plazo de los cambio de estilos de vida, muy en particular de las dietas. Si estas estrategias fueran efectivas, seguramente la obesidad no sería un problema de salud pública. No sólo eso, sino que la guía recomienda programas comerciales pseudo-científicos de pérdida de peso, tipo “weight-watchers”. Lo mejor que puede decirse de algunos de ellos es que son algo más sofisticados que los de “la dieta de la alcachofa” y similares, muy presentes en nuestro contexto.
 
La segunda es que la guía pone el foco en el individuo y no hace ninguna mención a las políticas de salud, más efectivas en términos poblacionales, tal y como comentaron Pilar García y Alexandrina Stoyanova: regulación de la publicidad de bebidas azucaradas, impuestos sobre la comida basura y subvenciones a la comida sana, etc. De hecho, en el mismo Reino Unido, se ha formado un grupo de presión (Action on Sugar) con el objetivo de promover legislaciones para limitar la producción, marketing y comercialización de productos azucarados, especialmente los destinados a población infantil.
Coincidiendo con esto, hemos asistido al mundial de futbol Brasil 2014. Se estima que 3.600 millones de personas han visto algún partido por televisión. Ante esta cifra, el impacto potencial que la publicidad puede tener es impresionante. Pues bien, lejos de dar algún tipo de ejemplo, o un mínimo atisbo de responsabilidad social corporativa, la FIFA ha apostado por patrocinadores relacionados con la industria de bebidas azucaradas, comida rápida, bebidas alcohólicas, entre otras. Para la celebración del mundial en Brasil, la FIFA incluso ha forzado la derogación de una ley que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios. La selección española no se salva, ya que su principal sponsor es una conocida marca de cerveza (http://www.sefutbol.com).

Entre recomendaciones alejadas de la realidad y una realidad que, más que obstinada, se empeña en llevar la contraria, la resolución de este problema de salud pública queda aun lejos.

martes, 3 de junio de 2014

Ya está disponible y en distribución el GCS 55

Aunque parezca mentira, con el lamentable retraso habitual, ya está disponible el número 55 de Gestión Clínica y Sanitaria.

A los variados problemas de logística, incluyendo tristes pérdidas entre nuestros impresores,  hay que añadir las demoras ocasionadas por los cambios, aun sin resolver completamente, en la distribución física de la revista, motivados por la decisión de no seguir pagando los envios por parte de algunas de las sociedades científicas que la venían recibiendo.


Son tiempos complicados y hay que entender cosas que no siempre parecen evidentes. Lo realmente dificil de entender es que todavía queden tantos entusiastas colaboradores que siguen dedicando su tiempo y sus saberes a buscar, selecionar, revisar, comentar y escribir los artículos que conforman cada número. Por eso   el mejor comentario hoy  es mostrar el índice del número para propiciar su lectura.


Y agradecer el esfuerzo de tantos.


Editoriales         

  • Una visión de la evolución de la Gestión Clínica en España. Los congresos de Gestión Clínica desde 1997 hasta 2014
  • Transparencia en la gestión de los servicios sanitarios. Una magnífica idea que no parece estar nada clara


Organización de la atención sanitaria. Intervenciones para mejorar la práctica clínica

  • Don Erre que Erre: a vueltas con la bioapariencia.
  • Telemedicina vs. atención convencional en pacientes crónicos: mismos QALYS y más coste


Efectividad: tratamiento, prevención, diagnóstico, efectos adversos

  • El corsé en la escoliosis del adolescente es eficaz … pero la mitad de los que lo llevan mejorarían igual sin él.
  • Los beneficios de la lista de verificación (checklist) quirúrgica dependen de su implementación
  • El ejercicio es beneficioso en la osteoartritis … aunque unos más que otros



Calidad y adecuación de la atención sanitaria

  • Valor de las densitometrías periódicas en la predicción del riesgo de fractura en pacientes no tratados

Evaluación económica, eficiencia, costes

  • El uso del análisis de minimización de costes en la evaluación de tecnologías sanitarias. Un muerto que goza de muy buena salud.
  • Impacto económico de las infecciones iatrogénas más frecuentes. Si no por la efectividad al menos por los costes.
  • Coste–efectividad de la colaboración entre equipos para la atención de la depresión en la Atención Primaria española



Elementos para un debate informado

  • Gestión Clínica y selección de medicamentos: ¿Es lo mejor enemigo de lo bueno? 
Política sanitaria

  • Copago opcional: una modalidad de financiación pública de fármacos caros y de efectividad limitada
  • Las amenazas a la independencia e integridad de la ciencia
  • El copago en las actividades preventivas. Lo poco que sabemos



Políticas de salud y salud pública

  • Impacto de la crisis sobre la salud mental: mejor no hacerse el loco
  • Endemismo periférico resistente al euro-tratamiento
  • Consecuencias del desempleo sobre la salud. Lo que la evidencia muestra
  • Diferencias entre inmigrantes y nativos a la hora de sufrir  una discapacidad




Experiencias y perspectivas de los pacientes

  • Los pacientes como vehículo de la (falta de) comunicación entre sus médicos y farmacéuticos

El resto es literatura

  • Efectos secundarios


martes, 13 de mayo de 2014

A vueltas con la bolsa de la vida. Actualizaciones sobre el MIR, por Anna García-Altés (@annagaal) y Ricard Meneu

En este breve post volvemos sobre un tema ya tratado anteriormente aquí. Y es que en las últimas semanas se llevó a cabo el proceso de elección de especialidad de los MIR.  Inicialmente nos llegó alguna noticia esperanzadora: Entre las primeras 1718 personas en escoger especialidad, 33 de ellas habían elegido medicina familiar y comunitaria (MFC). De los 350 primeros, 4 pidieron MFC, una cifra que recientemente no se alcanzaba hasta pasar los 1.000 candidatos.

Pero a pesar de esa relativa mejora respecto a los últimos años,  siguen siendo malas noticias para una especialidad que nos hartamos de repetir a toda hora y en todos los contextos – al parecer sin creérnoslo - que ha de ser el centro del sistema sanitario. Quizás es que esta frase la usamos como un mantra, una jaculatoria, el golpear de los chapines de Dorothy en Oz para conseguir volver a casa: si la repetimos suficientes veces, se hará realidad, ya que de otro modo es dificil que suceda pues no hacemos nada para resolver el problema.

 

Si volvemos sobre este tema es porque, desde el post citado, algunos colaboradores habituales de Gestión Clínica y Sanitaria han aportado investigaciones relevantes en publicaciones punteras. Según los resultados del primer estudio publicado por Beatriz González, Vicente Ortún, Patricia Barber y Jeff Harris, la posibilidad de encontrar trabajo es el factor clave a la hora de escoger especialidad por los MIR. El prestigio, la oportunidad dedesarrollo profesional y la posibilidad de remuneración en el sector privado son también importantes. Tal y como argumentan los autores, a la vista de los pocos profesionales de medicina familiar y comunitaria, se debería aprovechar la importancia que se le da a la posibilidad de encontrar de trabajo para estimular que más estudiantes escojan esta especialidad. 

En la segunda publicación estos mismos autores comentan que las políticas enfocadas a incrementar el prestigio de la especialidad de medicina familiar y comunitaria y la remuneración de los profesionales son eficientes, pues aumentarían el número de profesionales que escogerían esta especialidad, y equitativas, ya que permitirían que los mejores estudiantes fueran los primeros en hacer su elección.

Mientras, la única especialidad de la que han quedado plazas -108 – sin adjudicar es MFC. Las 1574 asignadas no deben hacer olvidar que las 50 últimas que se solicitaron eran, sin excepción, de medicina familiar y comunitaria. La última por el número 6.392. En medio del desempleo existente, que un 6,5% de las plazas de MFC queden desiertas  debería encender algunas alarmas.



 

domingo, 6 de abril de 2014

¿Quién innova?. El ejemplo de la atención primaria, por Anna García-Altés (@annagaal)

Han pasado tres años desde que el NHS anunció su intención de priorizar y acelerar la adopción de innovaciones en su informe Innovation Health and Wealth. En la misma línea, el NICE ha anunciado la próxima publicación de sus Medtech Innovation Briefings, en los que se describirán las innovaciones tecnológicas que vayan apareciendo en el mercado británico, su uso, el rol que tienen en el proceso de atención, así como el coste de su utilización.

Cuando pensamos en innovación, tendemos a centrarnos en la creación y desarrollo de nuevas ideas, herramientas y formas de hacer las cosas. Si bien esto es valioso, por sí solo no es suficiente. Para tener impacto, las innovaciones prometedoras y comprobadas deben ser exploradas e implementadas. Pero, ¿cómo podemos animar a los profesionales a participar en este proceso?


Hace menos de un mes salía publicado el informe “Which doctors take up promising ideas? New insights from open data”  con el foco puesto en la adopción de innovaciones en la atención primaria, y el papel que el análisis de datos abiertos puede tener. Según este informe, que analiza los datos de una muestra de profesionales de atención primaria del Reino Unido, para identificar y aprender sobre las innovaciones los profesionales estos emplean una amplia variedad de recursos: redes informales locales, relaciones personales y guías de práctica clínica. Los adoptadores tempranos tienen un papel clave en el proceso, siendo el puente entre las innovaciones efectivas pero poco difundidas y su adopción masiva por parte de la mayoría. Si bien cualquier equipo de atención primaria tiene el potencial de convertirse en el primero en adoptar las innovaciones, habitualmente los equipos más grandes están en mejor posición para explorar e introducir nuevas innovaciones, que pasan luego a los equipos “vecinos”.

El informe aboga por el uso de datos abiertos para ayudar a comprender las tendencias y las diferencias en los resultados conseguidos por los equipos de atención primaria, así como para identificar que equipos de atención primaria han implementado innovaciones prometedoras. Francisco Hernansanz, seguramente hubiera dado un mensaje bastante distinto. Su capítulo en el libro “La refundación de la atención primaria”, alerta sobre la excesiva velocidad en la difusión de innovaciones en el sector sanitario, el papel clave de la atención primaria para evitar la excesiva tecnificación y ensañamiento terapéutico, y la importancia del “dejar de hacer”.



Se dice que “los buenos artistas copian”, y que la competencia por comparación entre proveedores sanitarios funciona. La implicación de los profesionales sanitarios es básica para dar el salto entre la competencia por comparación y la mejora de la calidad y los resultados de la atención sanitaria, mediante la identificación y compartición de las mejores prácticas, la identificación de aquellas inefectivas o ineficientes, y la orientación de los recursos hacia aquellas organizaciones e intervenciones específicas que obtienen mejores resultados.





miércoles, 12 de marzo de 2014

Sistema Nacional de Salud (y IV): Buen gobierno de la sanidad, por Juan Oliva

En este post,  último  de la serie (aquí la intro, el primero, el segundo, y el tercero) que ha ido presentando el informe sobre el Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, se resume el cuarto capítulo, en el que Juan Oliva analiza los elementos clave que deben configurar la gobernanza de nuestro sistema de salud, apuntando algunas conclusiones generales del informe.
 
Con este post concluye la serie dedicada al diagnóstico del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a las propuestas realizadas para avanzar en su solvencia. El capítulo que cierra la obra (aquí) hace referencia a cuestiones que trascienden al medio sanitario, apareciendo habitualmente en los posts de NeG (por ejemplo, aquí, aquí y aquí), pero que indudablemente son clave para que el SNS dé respuesta a los retos sociales presentes y futuros (aquí y aquí).

Los cambios estructurales que el SNS necesita han de encontrar un contexto organizativo apropiado sólidamente fundado en valores. Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del sistema sanitario, mejora su desempeño y, en última estancia, los resultados en salud (aquí). El concepto de “buen gobierno” trasciende el cumplimiento de las leyes, obtener buenos resultados, ausencia de corrupción o mala gestión y nepotismo. Además exige que la toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta (aquíaquí). El buen gobierno requiere, por tanto, una voluntad formal de espíritu de servicio, de autoregulación y de fomento a nivel de los órganos de gobierno y de quienes lo integran de un comportamiento ético y honesto (aquí), si bien no debe quedar circunscrito al ámbito público, sino que debe trasladarse también a la relación entre accionistas y ejecutivos en las empresas privadas y entre estos y la ciudadanía (aquí).



El punto de partida es considerar que los verdaderos propietarios del sistema sanitario son los ciudadanos. No lo son aisladamente ni los pacientes, ni ministerios o consejerías de salud, ni la Administración en cualquiera de sus formas. Tampoco las empresas proveedoras, ni los gerentes, ni los médicos, ni el resto del personal sanitario, asistencial o no. Los decisores y los profesionales, en sus niveles macro, meso o micro, son agentes en quienes la ciudadanía ha depositado su confianza por medio de un contrato social.

Asimismo, se debe tomar conciencia de la especial complejidad del sistema sanitario: por su entorno cambiante, por la abundante información específica diseminada, la elevada incertidumbre que late en decisiones individuales y colectivas, el elevado nivel de formación de los profesionales, su particular estructura organizativa y su notable variedad de intereses. Precisamente por ello es tan relevante la necesidad de justificar adecuadamente las decisiones tomadas y las políticas implementadas en su seno.  El propio proceso de deliberación, participación y comunicación de las políticas es clave de buen gobierno y afecta a la calidad de la regulación, a su seguridad jurídica e incluso a la cultura democrática y la cohesión social. En este marco, los agentes del sistema deben adoptar primero, y mantener después, procedimientos para que la toma de decisiones a todos los niveles del sistema sanitario esté bien informada y sea transparente y abierta a la consulta y la participación cívica, política y de expertos (un excelente ejemplo podemos encontrarlo (aquí). Supone, asimismo, que en las Estrategias de lucha contra enfermedades que se establecen a nivel nacional y en Planes de salud regionales se empleen indicadores objetivables y evaluables y que la información generada con dinero público sea de dominio público, salvo que afecte a la privacidad individual (ejemplo foráneo : aquí; aquí y ejemplo nacional: aquí). Transparencia y rendición de cuentas son conceptos estrechamente vinculados. Aunque no son una panacea universal que pueda sanar todos los males del sistema, son esenciales para lograr avances en cualquier aspecto considerado deseable.

En este contexto, cualquier mejora relevante pasa por contar con la implicación de los principales actores del sistema: ciudadanos y profesionales. Comenzando por los segundos, los profesionales sanitarios poseen motivación intrínseca, alto nivel de formación, la relevancia social de su desempeño es enorme…y, sin embargo, es uno de los colectivos profesionales con mayores índices de “burn out”. Ello debe hacer pensar en el rediseño de los actuales sistema de incentivos (aquí, aquí, aquí, aquí): inversión en capital motivacional, retribución adecuada, capacidad de discriminar el desempeño y mayor grado de autonomía en éste, reconocimiento, tiempo para la formación e investigación, una mayor participación en las decisiones, desarrollo de la carrera profesional basada en elementos de mérito profesional claros y explícitos. A cambio de ello, también debe exigirse la aplicación de los mismos criterios generales propuestos: transparencia y rendición de cuentas en el desempeño. Un elemento clave en este sentido es la contratación de directivos en el Sistema Nacional de Salud (aquí). Esta debería ajustarse a los anteriores principios, desarrollarse mediante un sistema de concurrencia público y abierto, en el cual la valoración de los candidatos debería atender exclusivamente a méritos curriculares.

Por otra parte, la participación colectiva y ciudadana, como principio básico de la pluralidad democrática, fortalece la aceptación social de la acción de gobierno y promueve la eficiencia de los servicios públicos (aquí). Por ello, la búsqueda y promoción de cauces que faciliten la información al ciudadano y favorezcan su libertad de elección son elementos básicos que han de integrarse en las normas de buen gobierno. Partiendo de la visión de la economía de la salud sobre la producción de salud-quien produce salud no son los profesionales, no son las tecnologías empleadas, no son los gobiernos, son las personas -ciudadanos bien informados, competentes y comprometidos en la promoción y cuidado de su propia salud y bien formados en las ventajas y riesgos de la utilización de los servicios sanitarios. Esto supone incorporar a la ciudadanía como agente clave en la planificación de la coordinación asistencial e intersistemas. Hay que promover políticas que favorezcan la libertad de elección de centro y profesional sanitario, desarrollar herramientas de información al público y a los usuarios del sistema, incentivar la educación sanitaria y favorecer una cultura de respeto entre ciudadanos-profesionales sanitarios que avance hacia un esquema de decisiones compartidas (aquí)
Esta perspectiva supone incrementar las obligaciones y responsabilidades del ciudadano, toda vez que nos alejamos de la idea de un paciente pasivo para subrayar los valores de participación y responsabilidad en un marco responsable de uso de los servicios sanitarios y de la promoción y cuidado de la  propia salud y autonomía personal.

Sin embargo, para atraer a profesionales y ciudadanos debe existir un compromiso que se traduzca en la declaración de reglas claras por parte de los decisores de más alto nivel (representantes de la ciudadanía) y en un alto grado de exigencia ética. Aunque el desempeño no sea sencillo, afortunadamente contamos con acertadas indicaciones para ayudarnos en el mismo (aquí, aquí) y con la reciente experiencia de países de nuestro entorno que han apostado decididamente por dotar a su sistema sanitario de este tipo de normas en sus procesos (aquí).

Por último, pero no es un punto menor, la evaluación de las políticas públicas es una de las asignaturas pendientes de nuestro país (aquí). ¿Cómo podremos asignar adecuadamente nuestros recursos si no nos planteamos identificar las fortalezas y debilidades de sus estrategias y políticas destinatarias? Una cuestión cultural que debe impregnar el sistema sanitario es que en el diseño de una política o estrategia su evaluación, ex ante, durante y ex post es irrenunciable, debe planificarse sistemáticamente, tener garantizada su dotación presupuestaria y formar parte de la propia estrategia o política. La evaluación de las políticas y la comunicación fluida de los resultados de la evaluación a la comunidad científica, a los gestores y profesionales del ámbito sanitario y a la ciudadanía es un elemento tanto de cambio como de calidad democrática y de rendición de cuentas a la sociedad.

A modo de resumen de la serie de cuatro posts, la solvencia del Sistema Nacional de Salud y la posibilidad de desarrollar políticas de salud intersectoriales que amortigüen los efectos de la crisis económica sobre la salud de los ciudadanos pasan necesariamente por conjugar la gestión eficiente de los recursos con un especial énfasis en la equidad de las políticas implementadas. Para ello, condiciones necesarias, aunque no suficientes, es apoyarnos en las fortalezas de nuestro sistema, pero también identificar y eliminar bolsas de ineficiencia, aprender de experiencias ajenas aplicándolas con inteligencia en nuestro medio, apelar al liderazgo y compromiso de los profesionales sanitarios y favorecer la participación ciudadana, tomar decisiones informadas y justificar las políticas, al tiempo que se cultiva la evaluación de nuestras políticas no como una herramienta relativamente útil, sino como parte del cambio cultural necesario para que nuestro sistema sanitario continúe manteniendo y mejorando el bienestar social (aquí). 

Una parte de los problemas que vive ahora la sanidad pública es fruto de la insuficiencia presupuestaria derivada de la caída de la recaudación de los ingresos tributarios. Esto es indudable y poco discutible. Sin embargo, otros problemas ya latían antes de la llegada de la crisis económica y no son exclusivos del sistema sanitario. Van mucho más allá. La respuesta a los mismos se encuentra tanto dentro como fuera del propio sistema. Tal y como señalan Meneu y Ortún (aquí) “mejorar el gobierno de nuestras instituciones para responder mejor a los verdaderos problemas de salud y los retos de la crisis no sólo es posible, sino que es fácil, ya que sólo requiere minimizar sus vicios más obvios y aprender de quienes lo hacen manifiestamente mejor. Más complicado, pero más ilusionador, es localizar y activar las palancas que contribuyan a lograr de ello el mayor beneficio social”. Ello pasa por más y mejor política y por activar una mayor exigencia de calidad democrática por parte de la ciudadanía a sus representantes y hacia instituciones y organizaciones. Dada nuestra complicada situación, no parece que podamos permitirnos el lujo de ceder un ápice de energía ni de distraer un minuto de tiempo que nos desvíe de este empeño.

martes, 11 de marzo de 2014

Sistema Nacional de Salud (III): Políticas de salud, por Pilar García-Gómez y Alexandrina Petrova Stoyanova

Continuando la publicación diacrónica de los post aparecidos en Nada es Gratis (aquí la intro,  aquí el primero y aquí el segundo) como concentrado de los distintos capítulos del informe Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, aquí va el correspondiente al tercer capítulo. En él, Pilar García-Gómez y Alexandrina Stoyanova analizan las principales políticas de salud españolas (obesidad, tabaquismo, alcoholismo, salud infantil, etcétera), señalan sus principales problemas y proponen algunas líneas de mejora.

La salud no sólo depende de los factores genéticos y biológicos y de las intervenciones sanitarias; está fuertemente influida por el entorno de las personas, por cómo viven, trabajan, comen, duermen, se relacionan, se mueven o disfrutan de su ocio. Estas condiciones de vida son el resultado de decisiones individuales y están determinadas por factores sociales, culturales, económicos o medioambientales. Por tanto, entre las decisiones relevantes que influyen en la salud de la población se encuentran las relacionadas con la atención sanitaria y las que emanan de los ámbitos público y privado, político y civil (Artazcoz et al. 2010). Hay que promover políticas que trasciendan las estrictamente sanitarias y poner el énfasis en iniciativas bajo el marco de Salud en todas las políticas, avanzando en la actuación sobre los determinantes de la salud presentes en ámbitos no sanitarios (educación, vivienda, fiscalidad, mercado de trabajo, medioambiente, políticas de movilidad y de inmigración, entre otras).


La lista de actuaciones o políticas relacionadas con la salud de sectores distintos al sanitario es demasiado extensa para abordarla exhaustivamente en este post. Por ello, nos centraremos sólo en algunas para las cuales la evidencia empírica ha mostrado su efecto sobre el estado de salud de la población. En concreto, discutiremos algunas relacionadas con los hábitos de vida más relevantes para la salud, otras dirigidas a la protección de la salud en la infancia o, finalmente, referidas a las desigualdades en salud.


En países desarrollados como España, donde tanto la mortalidad como la morbilidad están vinculadas a enfermedades crónicas, cabe destacar el papel fundamental de los hábitos de vida y comportamientos relacionados con la salud (Cawley y Ruhm 2011). Seguir una dieta desequilibrada, realizar poca actividad física, consumir alcohol en exceso, tabaco o sustancias ilegales destacan entre los factores de riesgo para la salud y el bienestar relacionados con el comportamiento individual. En la actualidad, el sobrepeso y la obesidad constituyen uno de los problemas para la salud más importantes a escala mundial (International Obesity Task Force 2012), ocupando España, donde uno de cada diez niños y el 17% de los adultos son obesos (Instituto Nacional de Estadística, 2013), uno de los primeros puestos en el ranking europeo. Si bien la obesidad ha sido identificada como problema de salud pública en España y se diseñó y desarrolló la Estrategia NAOS para abordarlo (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), con esperanzadores comienzos y reconocimiento internacional, la misma ha perdido visibilidad con el estallido de la crisis económica que ha relegado a un segundo plano políticas (no solo de sanidad sino también, por ejemplo, educativas) cuyos resultados son sólo visibles a largo plazo. Sin embargo, esto no las convierte en menos necesarias. La falta de inversión en políticas adecuadas para combatir la obesidad agravará los problemas de salud en las próximas décadas, especialmente en los grupos sociales más desfavorecidos.
 
Por otro lado, el consumo de tabaco está entre los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares, y una de las principales causes de mortalidad evitable en el mundo (WHO, 2011). El descenso acumulado en el consumo de cigarrillos del 21% entre 2006 y 2011, según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2011, evidencia el impacto positivo de las últimas reformas legislativas en materia de tabaco en España. La mayor caída se concentra en 2011 (13%), año de la ampliación de la ley de espacios libres de humo en los bares y restaurantes. Parte de la demanda se ha desplazado al consumo de otras labores del tabaco (picadura para liar, picadura de pipa o puros y puritos) en parte por su diferente tratamiento fiscal (López-Nicolás et al 2013; López-Nicolás et al. 2013). Por ello, se debe avanzar en la equiparación de la carga fiscal entre distintas labores del tabaco. Asimismo, el consumo de alcohol es el tercer factor de riesgo en magnitud para la salud de la población en Europa (Anderson y Baumberg 2006). En España, preocupa especialmente el consumo de alcohol entre los jóvenes por su naturaleza adictiva: el 11% de los hombres de entre 15 y 24 años consume alcohol de manera excesiva (más de 6 bebidas) al menos una vez al mes, y casi el 5% lo hace semanalmente (Instituto Nacional de Estadística, 2013). A pesar de ello, los valores del impuesto especial sobre el alcohol fijados en España nos sitúan entre los países Europeos con menor carga impositiva. Por tanto, hay margen para aumentar tanto el impuesto especial ad quantum como el impuesto especial ad valorem sobre el alcohol.

Las políticas fiscales que se mencionan en el párrafo anterior son sólo algunos ejemplos de políticas destinadas a modificar las conductas relacionadas con la salud. El diseño y la aplicación de las mismas exigen huir de explicaciones sencillas basadas únicamente en decisiones individuales y entenderlos en toda su complejidad, identificar las causas e interacciones entre los distintos determinantes de la salud, entender el papel que desarrolla la influencia del grupo en el que la persona se relaciona (los llamados peer effects) (López-Nicolás y Viudes de Velasco 2009; Mora y Gil 2013), y reconocer la existencia de un gradiente social en estos comportamientos que provoca que se den en mayor medida en grupos desfavorecidos (Costa-Font y Gil 2008; Costa-Font et al. 2013). Por consiguiente, deben diseñarse intervenciones que incorporen las especificidades necesarias para cada colectivo, que han de evaluarse y adaptarse.

En un contexto de crisis económica como el actual resulta imprescindible valorar la relación entre pobreza en la infancia, educación y salud. Los niños que nacen en familias desfavorecidas tienen menos ingresos y oportunidades laborales y peor salud, tanto en la infancia como en la edad adulta (Heckman 2012; Almond y Currie 2011). Las cifras de pobreza en España, incrementada por la crisis económica, donde un 27,2% de la población infantil vive bajo el umbral de la pobreza (UNICEF 2012), revelan una situación preocupante que puede causar un deterioro irreparable de la salud de la población infantil. Luchar contra la pobreza infantil y sus consecuencias debería convertirse en prioridad para las autoridades españolas. Las buenas experiencias de algunos países desarrollados pueden ser ejemplos a seguir. Entre ellas, destacan las redes de guarderías en Irlanda, Quebec, los países nórdicos o Francia que garantizan el acceso a todos los niños a las mismas oportunidades de desarrollo independientemente del nivel socioeconómico de los padres. Dicho acceso amortigua los efectos negativos de las condiciones adversas en la infancia (Herba et al 2013; Geoffroy et al 2012; Geoffroy et al 2010). De modo similar, la expansión de la educación pública a los tres años a principios de los 90 en España mejoró el desarrollo educativo infantil, especialmente el de los niños pertenecientes a familias más desventajas (Felfe et al 2012).

Un buen sistema educativo es clave para garantizar la igualdad de oportunidades y disminuir los efectos negativos de las condiciones adversas en la infancia. Además, la educación es uno de los principales factores sociales que influyen en las desigualdades en salud en niños y en adultos a través de su impacto sobre otros determinantes de la salud tales como las oportunidades del mercado laboral o la adopción de hábitos de vida saludables (Cutler y Lleras-Muney 2008). Por lo tanto, la calidad del sistema educativo, la reducción de tasas de fracaso escolar y la puesta en marcha o refuerzo de estrategias concretas dirigidas a actividades de refuerzo deben ser objetivos prioritarios


Aunque garantizar la equidad en salud ha sido uno de los principales objetivos de política sanitaria en España a lo largo de la última década, las desigualdades en salud existen, se extienden a lo largo de toda la escala social y persisten en el tiempo. Las personas con menor nivel de estudios, los más desfavorecidas económicamente y que viven en áreas más pobres suelen tener menor esperanza de vida, mayores tasas de morbilidad y peor salud que los más aventajados (García-Gómez y López-Nicolás 2007; Stoyanova et al 2008; Urbanos-Garrido 2012). Así pues, las desigualdades en salud derivan en gran medida de las desigualdades socioeconómicas y por ello su reducción debería constituir un objetivo prioritario en la agenda política. Para lograrlo hay que avanzar en el conocimiento de la magnitud de sus diversos mecanismos causales. Un mayor énfasis en los planes de salud regionales en este ámbito y el diseño de un marco común de actuación y coordinación a nivel nacional, así como la promoción de enfoques intersectoriales, en la línea propuesta por la Comisión de Determinantes de la salud de la OMS, se apuntan como elementos clave para reducir las desigualdades en salud en España.

¿Podemos permitirnos el lujo de destinar recursos a políticas que no funcionan? (Vera 2011). Por muy buena que sea la intención del responsable del diseño y la implementación de un programa, estrategia o política, hay un largo trecho desde la teoría o el diseño sobre el papel a su desarrollo y puesta en marcha en la práctica. España se encuentra en una posición rezagada respecto a otros países en la formalización de sistemas que evalúen de manera reglada las políticas públicas. Un buen número de políticas deberían iniciarse con una fase piloto con objetivos definidos antes de la implementación. Dicha fase piloto debería ser evaluada desde la imparcialidad y con criterios de excelencia científica, debiendo ser público el acceso a los datos para favorecer la transparencia y réplica de los resultados. Sin duda, para impulsar la evaluación de políticas públicas en España se requiere movilizar recursos económicos. No obstante, la clave fundamental reside en la voluntad política para promover cambios e introducir innovaciones estratégicas. De esta voluntad también depende que la evaluación sea imparcial, se base en el rigor científico y se ponga en conocimiento de la ciudadanía.