Sistema Nacional de Salud (y IV): Buen gobierno de la sanidad, por Juan Oliva

En este post,  último  de la serie (aquí la intro, el primero, el segundo, y el tercero) que ha ido presentando el informe sobre el Sistema Nacional de Salud: diagnóstico y propuestas de avance, se resume el cuarto capítulo, en el que Juan Oliva analiza los elementos clave que deben configurar la gobernanza de nuestro sistema de salud, apuntando algunas conclusiones generales del informe.

 

Con este post concluye la serie dedicada al diagnóstico del Sistema Nacional de Salud (SNS) y a las propuestas realizadas para avanzar en su solvencia. El capítulo que cierra la obra (aquí) hace referencia a cuestiones que trascienden al medio sanitario, apareciendo habitualmente en los posts de NeG (por ejemplo, aquí, aquí y aquí), pero que indudablemente son clave para que el SNS dé respuesta a los retos sociales presentes y futuros (aquí y aquí).

Los cambios estructurales que el SNS necesita han de encontrar un contexto organizativo apropiado sólidamente fundado en valores. Una buena gobernanza influye positivamente en todas las funciones del sistema sanitario, mejora su desempeño y, en última estancia, los resultados en salud (aquí). El concepto de “buen gobierno” trasciende el cumplimiento de las leyes, obtener buenos resultados, ausencia de corrupción o mala gestión y nepotismo. Además exige que la toma de decisiones responda a un conjunto de reglas consensuadas de participación democrática, transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y obediencia a códigos de conducta (aquí;  aquí). El buen gobierno requiere, por tanto, una voluntad formal de espíritu de servicio, de autoregulación y de fomento a nivel de los órganos de gobierno y de quienes lo integran de un comportamiento ético y honesto (aquí), si bien no debe quedar circunscrito al ámbito público, sino que debe trasladarse también a la relación entre accionistas y ejecutivos en las empresas privadas y entre estos y la ciudadanía (aquí).

El punto de partida es considerar que los verdaderos propietarios del sistema sanitario son los ciudadanos. No lo son aisladamente ni los pacientes, ni ministerios o consejerías de salud, ni la Administración en cualquiera de sus formas. Tampoco las empresas proveedoras, ni los gerentes, ni los médicos, ni el resto del personal sanitario, asistencial o no. Los decisores y los profesionales, en sus niveles macro, meso o micro, son agentes en quienes la ciudadanía ha depositado su confianza por medio de un contrato social.

Asimismo, se debe tomar conciencia de la especial complejidad del sistema sanitario: por su entorno cambiante, por la abundante información específica diseminada, la elevada incertidumbre que late en decisiones individuales y colectivas, el elevado nivel de formación de los profesionales, su particular estructura organizativa y su notable variedad de intereses. Precisamente por ello es tan relevante la necesidad de justificar adecuadamente las decisiones tomadas y las políticas implementadas en su seno.  El propio proceso de deliberación, participación y comunicación de las políticas es clave de buen gobierno y afecta a la calidad de la regulación, a su seguridad jurídica e incluso a la cultura democrática y la cohesión social. En este marco, los agentes del sistema deben adoptar primero, y mantener después, procedimientos para que la toma de decisiones a todos los niveles del sistema sanitario esté bien informada y sea transparente y abierta a la consulta y la participación cívica, política y de expertos (un excelente ejemplo podemos encontrarlo (aquí). Supone, asimismo, que en las Estrategias de lucha contra enfermedades que se establecen a nivel nacional y en Planes de salud regionales se empleen indicadores objetivables y evaluables y que la información generada con dinero público sea de dominio público, salvo que afecte a la privacidad individual (ejemplo foráneo : aquí; aquí y ejemplo nacional: aquí). Transparencia y rendición de cuentas son conceptos estrechamente vinculados. Aunque no son una panacea universal que pueda sanar todos los males del sistema, son esenciales para lograr avances en cualquier aspecto considerado deseable.

En este contexto, cualquier mejora relevante pasa por contar con la implicación de los principales actores del sistema: ciudadanos y profesionales. Comenzando por los segundos, los profesionales sanitarios poseen motivación intrínseca, alto nivel de formación, la relevancia social de su desempeño es enorme…y, sin embargo, es uno de los colectivos profesionales con mayores índices de “burn out”. Ello debe hacer pensar en el rediseño de los actuales sistema de incentivos (aquí, aquí, aquí, aquí): inversión en capital motivacional, retribución adecuada, capacidad de discriminar el desempeño y mayor grado de autonomía en éste, reconocimiento, tiempo para la formación e investigación, una mayor participación en las decisiones, desarrollo de la carrera profesional basada en elementos de mérito profesional claros y explícitos. A cambio de ello, también debe exigirse la aplicación de los mismos criterios generales propuestos: transparencia y rendición de cuentas en el desempeño. Un elemento clave en este sentido es la contratación de directivos en el Sistema Nacional de Salud (aquí). Esta debería ajustarse a los anteriores principios, desarrollarse mediante un sistema de concurrencia público y abierto, en el cual la valoración de los candidatos debería atender exclusivamente a méritos curriculares.

Por otra parte, la participación colectiva y ciudadana, como principio básico de la pluralidad democrática, fortalece la aceptación social de la acción de gobierno y promueve la eficiencia de los servicios públicos (aquí). Por ello, la búsqueda y promoción de cauces que faciliten la información al ciudadano y favorezcan su libertad de elección son elementos básicos que han de integrarse en las normas de buen gobierno. Partiendo de la visión de la economía de la salud sobre la producción de salud-quien produce salud no son los profesionales, no son las tecnologías empleadas, no son los gobiernos, son las personas -ciudadanos bien informados, competentes y comprometidos en la promoción y cuidado de su propia salud y bien formados en las ventajas y riesgos de la utilización de los servicios sanitarios. Esto supone incorporar a la ciudadanía como agente clave en la planificación de la coordinación asistencial e intersistemas. Hay que promover políticas que favorezcan la libertad de elección de centro y profesional sanitario, desarrollar herramientas de información al público y a los usuarios del sistema, incentivar la educación sanitaria y favorecer una cultura de respeto entre ciudadanos-profesionales sanitarios que avance hacia un esquema de decisiones compartidas (aquí). 

Esta perspectiva supone incrementar las obligaciones y responsabilidades del ciudadano, toda vez que nos alejamos de la idea de un paciente pasivo para subrayar los valores de participación y responsabilidad en un marco responsable de uso de los servicios sanitarios y de la promoción y cuidado de la  propia salud y autonomía personal.

Sin embargo, para atraer a profesionales y ciudadanos debe existir un compromiso que se traduzca en la declaración de reglas claras por parte de los decisores de más alto nivel (representantes de la ciudadanía) y en un alto grado de exigencia ética. Aunque el desempeño no sea sencillo, afortunadamente contamos con acertadas indicaciones para ayudarnos en el mismo (aquí, aquí) y con la reciente experiencia de países de nuestro entorno que han apostado decididamente por dotar a su sistema sanitario de este tipo de normas en sus procesos (aquí).

Por último, pero no es un punto menor, la evaluación de las políticas públicas es una de las asignaturas pendientes de nuestro país (aquí). ¿Cómo podremos asignar adecuadamente nuestros recursos si no nos planteamos identificar las fortalezas y debilidades de sus estrategias y políticas destinatarias? Una cuestión cultural que debe impregnar el sistema sanitario es que en el diseño de una política o estrategia su evaluación, ex ante, durante y ex post es irrenunciable, debe planificarse sistemáticamente, tener garantizada su dotación presupuestaria y formar parte de la propia estrategia o política. La evaluación de las políticas y la comunicación fluida de los resultados de la evaluación a la comunidad científica, a los gestores y profesionales del ámbito sanitario y a la ciudadanía es un elemento tanto de cambio como de calidad democrática y de rendición de cuentas a la sociedad.

A modo de resumen de la serie de cuatro posts, la solvencia del Sistema Nacional de Salud y la posibilidad de desarrollar políticas de salud intersectoriales que amortigüen los efectos de la crisis económica sobre la salud de los ciudadanos pasan necesariamente por conjugar la gestión eficiente de los recursos con un especial énfasis en la equidad de las políticas implementadas. Para ello, condiciones necesarias, aunque no suficientes, es apoyarnos en las fortalezas de nuestro sistema, pero también identificar y eliminar bolsas de ineficiencia, aprender de experiencias ajenas aplicándolas con inteligencia en nuestro medio, apelar al liderazgo y compromiso de los profesionales sanitarios y favorecer la participación ciudadana, tomar decisiones informadas y justificar las políticas, al tiempo que se cultiva la evaluación de nuestras políticas no como una herramienta relativamente útil, sino como parte del cambio cultural necesario para que nuestro sistema sanitario continúe manteniendo y mejorando el bienestar social (aquí). 

Una parte de los problemas que vive ahora la sanidad pública es fruto de la insuficiencia presupuestaria derivada de la caída de la recaudación de los ingresos tributarios. Esto es indudable y poco discutible. Sin embargo, otros problemas ya latían antes de la llegada de la crisis económica y no son exclusivos del sistema sanitario. Van mucho más allá. La respuesta a los mismos se encuentra tanto dentro como fuera del propio sistema. Tal y como señalan Meneu y Ortún (aquí) “mejorar el gobierno de nuestras instituciones para responder mejor a los verdaderos problemas de salud y los retos de la crisis no sólo es posible, sino que es fácil, ya que sólo requiere minimizar sus vicios más obvios y aprender de quienes lo hacen manifiestamente mejor. Más complicado, pero más ilusionador, es localizar y activar las palancas que contribuyan a lograr de ello el mayor beneficio social”. Ello pasa por más y mejor política y por activar una mayor exigencia de calidad democrática por parte de la ciudadanía a sus representantes y hacia instituciones y organizaciones. Dada nuestra complicada situación, no parece que podamos permitirnos el lujo de ceder un ápice de energía ni de distraer un minuto de tiempo que nos desvíe de este empeño.